“Estamos muy contentos, porque en un breve plazo hemos logrado un acuerdo y eso viene de la mano -tal como se logró la semana pasada- de un acuerdo nacional por la Paz y la Democracia. Estamos muy contentos que el Congreso Nacional esté trabajando de esta forma para sacar rápidamente las leyes, que en este caso en particular, benefician al 80% de las pacientes que se atienden en la salud pública. Hay que recordar que cuando se agrede a un funcionario de salud, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, incitan a la renuncia del personal, ocasionando efectos para todo el sistema de atención de salud”, indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien asistió a la tramitación del proyecto junto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Durante este año se han registrado más de 1.100 agresiones a funcionarios de salud, es decir 5 diarias, en los diferentes establecimientos del país.

Es por ello que la autoridad indicó que esta ley es muy importante y va de la mano con otras acciones que se están implementado y que responden al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, junto con la Mesa de Seguridad Laboral, que integran los gremios de la salud, la Subsecretaria Prevención del Delito y la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otros.

“No solo se trata de endurecer las penas a las personas que agreden a los funcionarios de salud, sino también que esto complementa el trabajo que estamos realizando de manera preventiva, como la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y las conversaciones que hemos sostenido con la Asociación Chilena de Seguridad, la Confusam, el Colegio Médico y Carabineros”, agregó el subsecretario Zúñiga.

Sanciones

La iniciativa legal establece sanciones más duras contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, imponiendo a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.

A su vez, los faculta para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.

Entre otros, se propone aplicar una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía. Presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

El texto también señala que el agresor puede ser multado o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo último si causa lesiones leves que no se producen daño.